Actualmente el ordenamiento jurídico venezolano incorporó a la jurisdicción especial agraria, a los fines de resolver los conflictos presentados entre los particulares, así como la posibilidad de confutar los actos administrativos de los órganos agrarios, a saber, Instituto Nacional de Tierras, Corporación Venezolana Agraria e Instituto Nacional de Desarrollo Rural; es por ello, que existen los tribunales de primera instancia agraria, los tribunales superiores agrarios y la sala especial agraria de la sala de casación social del Tribunal Supremo de Justicia, demostrando así, que existe tribunales especializados para lo agrario.

            Estudiosos del Derecho Agrario, que influyen sus tesis en diferentes países, y que de acuerdo al grado de evolución en cuanto a la justicia agraria, consideran a esta disciplina, dependiente del derecho civil, otros la consideran autónoma, lo que ha creado cierta incertidumbre en cuanto a la autonomía con relación a la jurisdicción.

            El Estado moderno, el cual es democrático y social, de derecho y de justicia, ha obligado a que las instituciones sean adaptadas con nuevas leyes para que los justiciables tengan acceso a la justicia, y ser enjuiciados sus asuntos agrarios, por los jueces naturales; de esta manera surge la denominada jurisdicción especial agraria.

             A pesar de ello, esta formación de la jurisdicción agraria, no es producto de una copia de un modelo de otro ordenamiento jurídico, toda vez, que es el resultado del proceso histórico que han vivido los países, y en general, el derecho agrario occidental. A pesar de lo antes expuesto, y en virtud de los diferentes criterios de grandes tratadistas que han puesto en duda la autonomía de esta disciplina, es por ello, que nos trae la siguiente interrogante: ¿tendrá plena autonomía el Derecho Agrario en cuanto a la jurisdicción?

            1. Noción etimológica y antecedentes de la Jurisdicción.

            Constituye una tarea difícil dar un concepto de jurisdicción valedero para todos los tiempos y lugares, el primer inconveniente con el cual se encuentra el estudioso del derecho, es con la relatividad del concepto, ya que cualquier noción de jurisdicción no será valedera para todos los tiempos ni para todos los espacios geográficos, y solamente será comprensible y hasta aprensible, refiriéndola al lugar y tiempo en que ha sido definida.

            Se afirma que el vocablo jurisdicción deriva de la voz latina "iuris-dictio", lo cual significa decir, dictar o pronunciar el derecho. Hoy, dentro de una concepción del estado de derecho o puesta al estado totalitario, la jurisdicción no puede entenderse sino en relación con el "sistema de la legalidad" y vinculado a la autonomía de su función. Las autoridades administrativas están obligadas con frecuencia, en el ejercicio mismo de su actividad, a penetrar en la esfera jurídica de los particulares, como en los casos de expropiación. Pero veamos como dicha autonomía impone, dentro del propio principio francés de la separación de los poderes, la existencia de los tribunales administrativos provistos de juristas independientes designados a perpetuidad como miembros permanentes y unidos a los tribunales ordinarios en el poder jurisdiccional. Las funciones estatales, conforme a una tradición muy antigua, se reduce por unanimidad de los autores, a tres grandes clases de actividad: la legislación, la administración y la justicia.

            La autonomía de la función jurisdiccional se ofrece a los ciudadanos como la mejor garantía de la observación de la ley, sustraída a las corrientes variables de la administración y de la política. Impide la introducción de la administración de la justicia, como quiera que sus órganos son independientes en otros términos: el juez obra aplicando la ley que corresponde, concretizándola en cada caso, mientras el órgano de la administración obra de conformidad con la ley, o sea que la considera en si misma. La administración la considera como  la norma de su propia conducta; porque para ella es una actividad primaria, porque el acto administrativo es primero y emana de las autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones, mientras que la jurisdicción es una actividad secundaria o coordinada. También la administración juzga, puesto que no se obra sino sobre la base de un juicio, pero juzga de su propia actividad. La jurisdicción en cambio, juzga de la actividad ajena de una voluntad de la ley que concierne a otro. En conclusión el criterio verdaderamente diferencial, el que responde a la esencia de las cosas, está en la siguiente consideración: la actividad jurisdiccional es siempre una actividad de sustitución y precisamente, la sustitución por una actividad pública de una actividad de otro. La administración es una actividad por sí misma, impuesta directa o indirectamente por la ley a los órganos públicos, por lo cual puede concebirse perfectamente una jurisdicción sobre actos administrativos, Se dará ésta, cuando haya una verdadera sustitución de los órganos del estado, por otro u otros órganos del estado, de manera que los unos juzguen de la actividad debida por los otros, obrando en lugar de ellos, o bien al afirmar la existencia o inexistencia de una voluntad de la ley. Es difícil de establecer si hay o no sustitución, sobre todo si el órgano que actúa tiene naturaleza administrativa, por lo que hay que investigar para establecer sobre bases ciertas la intención o voluntad de la ley. No obstante, contará fundamentalmente la naturaleza de la cuestión de que se trate, pues si resalta de los términos de la ley que se ha querido conceder una verdadera acción, a ésta debe corresponder la existencia de una jurisdicción.

            La jurisdicción es definida también como la función estatal destinada a la creación por el juez de los condicionamientos lógicos imputativos concretos, necesarios para determinar la significación jurídica de la conducta de los particulares, cada vez que entre ellos surjan conflictos de intereses y a asegurar por la fuerza, si fuere necesario, la práctica ejecución de la norma creada llamada sentencia.

            También se puede definir a la jurisdicción como la potestad dimanante de la soberanía del Estado ejercida por tribunales independientes y predeterminados por la ley de realizar el derecho en el caso concreto, juzgando y ejecutando lo juzgado para satisfacer pretensiones y defensas.

            Igualmente se define la función jurisdiccional agraria, como la actividad que el Estado realiza a instancia de los particulares o de órganos del Estado, incluso de oficio para intervenir, o intervienen, para procurar la efectividad de los intereses protegidos por el derecho y la justicia, que han quedado insatisfechos por falta de actuación de la norma jurídica que los ampara.

            Delimitación de la Jurisdicción Agraria.

            Jurisdicción Civil.

            Usualmente la doctrina explica la extensión de la materia civil, llamada ordinaria, por exclusión de otras disciplinas procesales especializadas. Ello conduce a establecer que todos los asuntos calificados como competencia de la jurisdicción agraria, están excluidos de la materia civil. De ahí el carácter residual de esta última, respecto de las ramas especializadas.

            A pesar de la autonomía procesal alcanzada por el proceso agrario como principios e intitutos propios de la materia, aún existe según algunos autores una gran dependencia con la normativa procesal civil, pues en los casos no previstos en la ley de jurisdicción agraria, debe aplicarse el procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Civil, sin embargo, debe respetarse en todo momento los principios del proceso agrario.

            Jurisdicción Laboral y Agraria.

            La jurisdicción agraria, excluye del conocimiento de los tribunales agrarios los conflictos laborales, incluso aquellos originados en contrato de trabajo agrario. Ello significa, que cualquier relación de trabajo agrario subordinado donde se genere un conflicto laboral, o un riesgo de trabajo en el ejercicio de las labores agrarias, serán del conocimiento de los tribunales laborales.

            Jurisdicción de niños, niñas y adolescentes.

            En la actualidad existen tribunales especializados al conocimiento y solución de conflictos en esta materia. Los tribunales agrarios son incompetentes para conocer de estos tipos de conflictos. La legislación que regula esta rama del derecho, es producto de convenios, pactos y tratados internacionales suscritos por la república y recientemente, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que, los asuntos de tipo patrimonial en que aparezcan como demandantes o demandados "niños, niñas o adolescentes", deben ser conocidos por tribunales de niños, niñas y adolescentes.

Jurisdicción Contencioso administrativo e indígena.

            Con respecto a la jurisdicción contencioso administrativo agraria; si conoce la jurisdicción agraria como infra se explicará, ya que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, le da competencia a los tribunales superiores agrarios para conocer la nulidad de actos administrativos de los entes agrarios como tribunales de primera instancia y a la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia como Tribunal de Alzada con un procedimiento específico en dicha ley hasta la creación de la ley que tramite todos los procedimientos contenciosos administrativos por mandato constitucional y legal.

En relación a la jurisdicción indígena por mandato del artículo 260 de la Carta fundamental, es autónoma e independiente de la jurisdicción agraria e incluso por imperio del artículo 26 de la ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas las tierras que se encuentren dentro de los hábitat y territorios indígenas demarcados no pueden ser tratadas como tierras ociosas o de otra índole a los fines de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y en caso de existir conflictos judiciales posesorios en tierras y hábitat en proceso de demarcación, el proceso se paraliza hasta que exista una decisión definitiva de dicho proceso de demarcación llevado por la Comisión Nacional de Demarcación, cuyo acto definitivo es el título de propiedad colectiva otorgado por la Procuraduría General de la República, y cuya decisión del tribunal debe ser adaptada a lo expresado en dicho título por mandato de la ley indígena nombrada up supra, por lo que existe una absoluta delimitación entre lo agrario y lo indígena a los fines de la jurisdicción.

            JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

            La competencia es la medida de la jurisdicción, viene dada por tres elementos fundamentales que son el territorio, la materia y la cuantía que tradicionalmente lo establece la doctrina clásica civilista; sin embargo la jurisdicción es una sola y emana directamente de nuestra Constitución Política, cuando establece que la atribución de hacer justicia emana de los ciudadano y ciudadanas y se imparte en nombre de la República como así lo establece el artículo 253 de la Carta fundamental de acuerdo a las ramas del derecho.

            Los Tribunales agrarios están revestidos de la potestad jurisdiccional, es decir, tienen el poder-deber de decidir asuntos en el ramo agrario. Son órganos instituidos por el Estado a través de la Ley respectiva para la llamada administración de justicia y la solución de conflictos entre particulares, o entre éstos y los órganos del Estado o sus instituciones.

            AMÉRICA LATINA Y LA JURISDICCIÓN AGRARIA.

            Los países de América latina desde sus orígenes, tienen la misma tragedia, en virtud de que el proceso de colonización y etnocidio de que fueron víctimas los pueblos originarios conocidos como "indígenas" por algunos Estados como Venezuela, e "indios" como en Brasil, en virtud de que las llamadas "leyes de indias"  como infra se explicará, en donde se les impuso una legislación fuertemente influenciada por el Derecho Romano y luego el Código Napoleónico, es por ello, que meridianamente en Colombia, que ha pesar de que asumió grandes retos con relación al Derecho Agrario, que pretendió impulsar la creación de Tribunales Agrarios desde 1.936 y el 7 de octubre de 1.989, se publicó un decreto "Estatuto de la Jurisdicción Agraria de Colombia", influenciado por la doctrina procesal agraria que contiene elementos como la oralidad, amplios poderes del juez, publicidad, y socialización del proceso.

            Incorporaron un sistema propio de interpretación para el proceso agrario, siendo oral puro, inmediatez, concentración e identidad física del juzgador. Igualmente, fue incorporado los llamados medios alternos para la solución de conflictos a través del juez conciliador, igualmente, las medidas cautelares atípicas y la tutela de lo ecológico vinculado con lo agrario.

            En Costa Rica, se percibe que la justicia agraria tiene no sólo normas sustantivas, sino también adjetivas, y que si bien es cierto que en el año 1.982, los jueces que conocían causas agrarias eran los civiles, luego en el año 1.975, fue aprobado la llamada Ley de Ordenamiento Agrario y Desarrollo rural, que regulaba la parte sustantiva agraria y dialogó la Ley de Tierras y colonización publicada en el año 1.961, que derogó la Ley del 13 de julio de 1.942 sobre poseedores precarios; luego en 1.982 entró en vigencia la Ley de Jurisdicción Agraria, la cual institucionalizó el proceso agrario, modernizando el ordenamiento jurídico en esta área, y desde esa fecha, se implementaron los principios procesales de derecho agrario como la inmediación, la oralidad, entre otros, a pesar de que los tribunales civiles y penales continuaron conociendo la materia agraria. Fue hasta 1.988, en que se crearon los tribunales agrarios que conocían sólo de esta área.

            En México, gracias a la revolución que produjo la constitución de 1.917, incorporó por primera vez, los derechos de los campesinos a la tierra, que posteriormente reformada la Constitución en su artículo 27, en donde establece que el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de justicia agraria, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica, en la tenencia de la tierra egidal, comunal y la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. Promueve la conciliación, medidas cautelares, tutela de lo ecológico vinculado con lo agrario y valor de la interpretación y la jurisprudencia como fuente del derecho, como se puede observar en el artículo 9 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; así se puede evidenciar el avance de la jurisdicción agraria en dicho país en la página Web del Tribunal Superior Agrario de México consultada el 23 de marzo de 2008, que incluso tiene dicha jurisdicción, autonomía financiera y contraloría interna (www.tribunalesagrarios.gob.mx/notas/terryjurisindigena.html), observándose la plena autonomía de la jurisdicción agraria.

            En Guatemala, no existe jurisdicción agraria autónoma, ya que los tribunales civiles son los que conocen los asuntos judiciales agrarios y el gobierno de ese país para el año 2.007, creó el centro de arbitraje agrario para resolver conflictos entre particulares relativos a la parte agraria, según página Web consultada el 23 de marzo de2008 (http://www.derechoguatemalteco.com/documentos/derechoagrario/aportes%25historicos.html),

            Si bien es cierto que la Gran Colombia se disolvió en el año 1.830, no puede pasar desapercibido la influencia de l a Obra de Simón Bolívar en la conformación de la jurisdicción agraria, además, del denominado Derecho Indígena.

            Es así que publicó varios decretos en protección conservacionista, hoy día denominado agroalimentario, particularmente en el decreto dictado en Chuquisaca Perú en 1.825 "De minas de Colombia" quien expresa "... que una gran parte del territorio de la República carece de aguas y por consiguiente vegetales útiles para el uso común de la vida...", más adelante, publicó otro decreto en Quito, Ecuador el 24 de octubre de 1.829 relativo al uso y aprovechamiento de minas, en la fundamentación se establece lo siguiente: "... parece que los negocios rurales deben ventilarse en juzgados de su misma naturaleza, con escepción de aquellas causas que por su cuantía ó procedencia, deban sujetarse á los tribunales comunes.", como lo cita textualmente el historiador Numa Quevedo en su libro "Bolívar, Legislador y Jurista". Caracas 1.974. Observándose que en esencia  lo antes trascrito es desarrollado por legislaciones modernas para que la jurisdicción agraria regule los asuntos agrarios y ambientales que tengan conexión entre ellos como se observa en la legislación vigente venezolana, incluyendo la de los pueblos y comunidades indígenas.

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Primero: Sala Constitucional, que conoce excepcionalmente de ésta materia, como por ejemplo recursos de revisión y amparos constitucionales.

Segundo: Sala Especial Agraria, que depende de la Sala Social, que constituye prácticamente la cúspide de ésta jurisdicción.

Tercero: Los Tribunales Superiores Agrarios.

Cuarto: Los Tribunales de Primera Instancia en Materia Agraria.

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Este conjunto de reglas tiene un fundamento cultural y en la mayoría de sociedades modernas un fundamento formal:

• El fundamento cultural se basa en un consenso amplio en los individuos de una sociedad sobre lo bueno y lo malo, y otros aspectos prácticos de como deben organizarse las relaciones entre personas. Se supone que en toda sociedad humana, la mayoría de sus miembros tienen una concepción de lo justo, y se considera una virtud social el actuar de acuerdo con esa concepción.
• El fundamento formal es el codificado formalmente en varias disposiciones escritas, que son aplicadas por jueces y personas especialmente designadas, que tratan de ser imparciales con respecto a los miembros e instituciones de la sociedad y los conflictos que aparezcan en sus relaciones.

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